El real decreto de la discordia
Esta epidemia de la COVID-19 está produciendo todo tipo de reacciones. Unas más proporcionadas, otras más desmedidas y otras con una clara sobreactuación con la idea de obtener unos resultados que no tienen que ver exclusivamente con la solución de la pandemia.
La realidad que distingue a nuestro país de otros de nuestro entorno es que tanto la provisión como la financiación sanitaria es pública, de modo que todo lo que se haga tiene un componente político. En otros países no es así, la separación de una de la otra hace que la administración sea garante de un marco de derechos del ciudadano, pero nada más, la provisión está al margen del Estado, al tiempo que el ciudadano es corresponsable de su salud. En nuestro país no es así, aquí todo lo relacionado con la sanidad tiene un importante componente político.
Se vio al inicio de la pandemia como la administración miró para otro lado por intereses políticos, como sobreactuó con un confinamiento no visto otro igual en Europa, mascarillas urbi et orbi… y ahora lo vuelve a hacer, enfrentándose con las Comunidades Autónomas (Madrid…) y con los propios profesionales sanitarios.
Con todo, la Administración, como una empresa privada, y delante una situación de carencia de recursos humanos, tienen la tentación de trasladar los recursos de menor productividad a aquellos de mayor productividad, en un marco público y sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios. Algo que probablemente en una empresa privada sea algo corriente, en la pública, con profesionales funcionarios o casi-funcionarios (estatutarios), es cuanto menos arriesgado.
La contestación ha sido rápida a nivel sindical (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos -CESM-), aunque no unánime, y ya se apunta con plantear una huelga, al no haber contado la Administración con la profesión médica y poner en peligro la seguridad del paciente…; y más tardía a nivel de las las Sociedades Científicas de Atención Primaria a través del Foro de Médicos de Atención Primaria, o de los Colegios de Médicos.
Y es que el Real Decreto-Ley 29/2020, de ayer 30 de septiembre, da por supuesto que faltan médicos de AP en nuestro país, y por ello plantea al margen de la contratación de médicos extracomunitarios la movilidad desde los hospitales de “facultativo especialista y enfermería podrá ser destinado a unidades asistenciales de otra especialidad distinta de la suya cuando el número de profesionales de dichas unidades no sea suficiente como consecuencia del COVID19”…//…” “pase a prestar servicios en los centros de atención primaria de su área de influencia para realizar las funciones propias del personal médico de atención primaria, de forma excepcional y transitoria, por insuficiencia de personal médico de atención primaria, como consecuencia de la pandemia por COVID-19.”
Y en sentido contrario.. “también podrá destinar al personal estatutario de la categoría de enfermería, médico/a o pediatra de atención primaria, de forma excepcional y transitoria, a prestar servicios en sus hospitales de referencia o a hospitales de campaña, si las necesidades motivadas por la pandemia por COVID-19 así lo demandan”.
Sin embargo, en mi opinión lo más grave es que “1. Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de aquellas personas con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad, del siguiente modo…//..
En fin, cualquier decisión vale en este totum revolutum de la COVID-19.
https://www.actasanitaria.com/gobierno-contratar-mir-sin-plaza-covid/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
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